California podría dar un atajo a los centros de datos

California vota la Proposición 45, una medida que promete acelerar las obras de infraestructuras «esenciales» como vivienda o energía limpia. Organizaciones ecologistas y varios juristas advierten de que su redacción deja una rendija por la que podrían colarse los centros de datos. Si ocurre, esos proyectos pasarían por una revisión ambiental exprés y con mucha menos participación vecinal, según recoge The Verge.

Qué cambia con la Prop 45

La medida rebaja las exigencias de la Ley de Calidad Ambiental de California (CEQA). Esta norma obliga a las agencias estatales a evaluar el impacto ambiental de los proyectos, a buscar con los promotores formas de reducir los daños a la salud y al entorno y a recoger la opinión de la comunidad antes de aprobar nada. Con la Prop 45, para los proyectos que cumplan los requisitos:

• Las agencias tendrían 365 días como máximo para terminar el informe de impacto ambiental.
• Los recursos judiciales tendrían que resolverse en 270 días.
• El periodo de comentarios públicos quedaría en 45 días. La CEQA actual fija un mínimo, no un máximo.
• Solo habría que consultar a las tribus nativas reconocidas por el Gobierno federal. Ahora se consulta también a las afectadas aunque no tengan ese reconocimiento.
• Las alternativas para mitigar riesgos las propondría el promotor, con un único plan, en lugar de la agencia.
• Los reguladores no podrían pedir más información sobre la marcha: tendrían que especificarlo todo al principio.

Además, aunque un juez concluyera que la agencia no cumplió la CEQA, no podría paralizar la obra entera, solo las partes problemáticas. Para Fernando Gaytan, abogado de la organización Earthjustice, contraria a la medida, ese es el punto más grave: «Es difícil deshacer los daños una vez que ya has empezado un proyecto».

La puerta de la «banda ancha»

La proposición enumera nueve tipos de proyectos «esenciales». Entre ellos están la vivienda, la energía limpia y el «acceso a internet de banda ancha». La definición incluye cualquier proyecto que preste servicio minorista de transmisión de datos a la clientela del estado, «incluidas, entre otras, las capacidades que sean accesorias» al servicio de comunicaciones y permitan su funcionamiento.

Richard Frank, profesor emérito de Derecho en UC Davis, y el abogado Matthew McKerley sostienen en una columna en el Daily Journal que un centro de datos con cualquier infraestructura de transmisión de banda ancha podría encajar ahí. También señalan que empresas que desarrollan centros de datos han aportado cientos de miles de dólares a la campaña a favor. La Prop 45 excluye expresamente la energía nuclear o el acceso telefónico a internet, pero no los centros de datos.

«Nos preocupa que los promotores de centros de datos encuentren la manera de meter con calzador sus proyectos en la definición de proyecto esencial», explica Gaytan. «Las comunidades quedan fuera de la conversación».

Quienes la apoyan lo niegan. El abogado y lobista Kurt Oneto escribe en The National Law Review que el hecho de que los centros de datos sostengan internet «no los convierte en proyectos esenciales de acceso a internet de banda ancha». La campaña del sí no respondió de inmediato a The Verge.

Apoyos inesperados

La medida cuenta con el respaldo de la sección de California y Hawái de la NAACP. Es una de las organizaciones de derechos civiles que más se ha opuesto a los centros de datos en Estados Unidos: demandó a xAI por la contaminación de las turbinas de gas de su centro Colossus 2. Su presidente, Rick Callender, defiende que la Prop 45 trata de «rendición de cuentas, no de atajos».

Los centros de datos se han convertido en tema de campaña en las elecciones de mitad de mandato en todo el país. Más allá de ellos, los detractores temen que la medida reste poder a las mismas comunidades a las que dice beneficiar. «Va de participación pública y de democracia», resume Gaytan. «De que los vecinos puedan decir: quiero que seas transparente conmigo sobre lo que pasa detrás de ese muro».

Fuente: The Verge