El Supremo de EE. UU. tumba la demanda contra Cisco

Las víctimas extranjeras de abusos cometidos con tecnología estadounidense se han quedado sin una de las pocas vías que tenían para llevar a juicio a las empresas que la fabrican. El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha cerrado el caso Cisco Systems contra Doe I, en el que trece practicantes de Falun Gong acusaban a Cisco de ayudar a construir el sistema de vigilancia con el que el Gobierno chino los persiguió. Según la Electronic Frontier Foundation (EFF), que presentó varios escritos como amicus curiae en el proceso, la sentencia supone «el golpe final» a la rendición de cuentas de las empresas por violaciones de derechos humanos.

Una ley de 1789 que ya no sirve para esto

La demanda se apoyaba en la Alien Tort Statute (ATS), una ley aprobada por el primer Congreso estadounidense en 1789 que permite a ciudadanos extranjeros demandar ante tribunales federales por violaciones del «derecho de gentes». En 2004, en el caso Sosa contra Álvarez-Machain, el Supremo admitió que, además de tres supuestos históricos (violación de salvoconductos, ataques a los derechos de los embajadores y piratería), los jueces podían reconocer otras demandas basadas en normas internacionales «específicas, universales y obligatorias». Dejó la puerta «entreabierta».

Ahora esa puerta se cierra. La mayoría del tribunal escribe que Sosa fue «demasiado optimista» al prever que existiría un grupo reducido de casos en los que los jueces podrían crear acciones bajo la ATS sin invadir las competencias de los poderes políticos: «En realidad, ese grupo es un conjunto vacío». Y concluye que, si los tribunales no pueden crear nuevas acciones para remediar violaciones del derecho internacional, tampoco cabe responsabilidad por ayudar o colaborar en ellas. Las demandas contra Cisco, dice la sentencia, «deben ser desestimadas».

Lo que se juzgaba

El pleito llevaba abierto desde 2011. En 2023, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito había permitido que siguiera adelante al considerar plausible que Cisco prestara «asistencia técnica esencial» a la persecución de Falun Gong sabiendo que era sustancialmente probable que se produjeran torturas, detenciones arbitrarias, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales.

Los demandantes señalaban a Cisco por su papel en el llamado Escudo Dorado, conocido también como la Gran Muralla china de internet, un sistema de vigilancia que la empresa empezó a construir a finales de los noventa y que, según la demanda, adaptó para que el Gobierno pudiera señalar a minorías perseguidas. Relataban detenciones, campos de trabajo forzado, palizas con barras de acero, descargas con porras eléctricas, privación de sueño y alimentación forzada. Al menos un familiar murió por los golpes durante su detención. Además, aseguraban que sus correos y mensajes privados, interceptados por el sistema, se les mostraban durante las sesiones de tortura y de conversión forzosa.

Políticas de derechos humanos en papel mojado

La EFF recuerda que Cisco publicó su primera política global de derechos humanos en 2012, un año después de la demanda, y que en ella se compromete a reparar los daños a los que haya contribuido. Según la organización, nunca ha ofrecido reparación a los demandantes. También cita una investigación de Associated Press de 2025, premiada con el Pulitzer, sobre el papel de Cisco y otras tecnológicas estadounidenses en el Estado de vigilancia chino. Ante las preguntas de AP, las empresas se limitaron a decir que cumplen los controles de exportación y las leyes de los lugares donde operan.

Con la ATS fuera de juego, la EFF pide al Congreso una ley federal que permita exigir responsabilidades a las empresas que colaboren a sabiendas en abusos de derechos humanos, dentro o fuera del país. Y advierte, citando al profesor Harold Koh, de que esta inmunidad podría interpretarse como una señal para las empresas de que tampoco responderían si ayudaran al propio Gobierno estadounidense a montar un sistema de vigilancia masiva contra sus opositores.

Fuente: EFF