Un tribunal frena a Trump con los mensajes de LinkedIn
Las fuentes de la prensa salen bien paradas, pero el caso recuerda que lo que guardas en una plataforma está a una orden judicial del poder.
Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos ha parado los pies al Departamento de Justicia del Gobierno de Trump, que pretendía que LinkedIn le entregara de golpe dieciocho meses de comunicaciones de varios periodistas. Según cuenta Ars Technica, el fallo, dictado el martes por unanimidad por un panel de tres jueces, establece que una investigación sobre filtraciones no puede arrastrar consigo a «un enorme número de fuentes confidenciales» de periodistas que no tienen «ninguna relación concebible» con el caso.
Una red echada a lo ancho
El origen es una investigación por la supuesta filtración de información militar de alto secreto. Trump sostiene que un medio, que Ars Technica no identifica, expuso datos militares confidenciales en un reportaje sobre un país extranjero. Pero la petición del Departamento de Justicia no se limitó a quienes trabajaron en esa pieza: pidió amplios datos de LinkedIn de periodistas con cualquier posible vínculo con los autores en la época en que se redactó. Entre todos, los periodistas señalados habían publicado más de mil artículos sobre temas muy distintos en ese periodo.
A eso se sumó una orden de secreto que impedía a LinkedIn contar a nadie, durante un año, que había recibido la petición. Los jueces consideran que eso dejó a los periodistas demasiado tiempo sin saber que sus derechos amparados por la Primera Enmienda estaban en riesgo.
LinkedIn, propiedad de Microsoft, argumentó que la mayoría de periodistas tiene cuenta en la plataforma y publica allí su contacto precisamente para que las fuentes puedan escribirles. Permitir esa extralimitación, aceptó el tribunal, no solo perjudicaba a los afectados, sino que amenazaba un canal habitual entre la prensa y sus fuentes confidenciales.
Que sea factible no lo hace legítimo
El juez J. Harvie Wilkinson III, nombrado por Ronald Reagan y autor de la sentencia, rechazó anular la orden por completo, como pedía LinkedIn, pero mandó al tribunal de primera instancia restringirla de forma sustancial. Ese tribunal había razonado que la petición no suponía una carga porque LinkedIn podía cumplirla sin problemas. Para Wilkinson, eso fue un error: «No es apropiado que los tribunales de distrito aprueben peticiones únicamente porque los registros solicitados sean logísticamente factibles de recopilar».
El juez escribe además que muchos de los usuarios señalados están vinculados a medios, universidades y despachos de abogados que quizá eran relevantes para otras historias que investigaban los mismos periodistas. Y advierte de que «una petición del Gobierno para recoger al por mayor los registros de los periodistas y averiguar la identidad de sus fuentes inclinaría la balanza contra el debate informado de una manera dañina para la salud democrática».
El tribunal también obliga a estudiar una alternativa que había planteado LinkedIn a la orden de secreto: avisar de la petición a un único abogado del medio investigado. El Gobierno se opuso alegando que ese abogado podría no ser de fiar. Wilkinson respondió que, salvo que el Gobierno presente argumentos más convincentes que los que ha dado hasta ahora, esa excepción «debe adoptarse».
Una victoria con letra pequeña
Un portavoz de Microsoft dijo a Ars Technica que se trata de «un fallo importante para el derecho a la privacidad y la libertad de prensa». Bruce D. Brown, presidente del Reporters Committee for Freedom of the Press, uno de los grupos que apoyaron a LinkedIn, lo celebró como una victoria para todos los periodistas: el tribunal reconoce que las fuentes confidenciales son el «alma» del periodismo de investigación.
Aun así, el caso vuelve ahora a primera instancia para acotar la orden, y Ars Technica señala que una versión más estrecha quizá no proteja a todos los usuarios ajenos a la investigación. Lo que sí deja claro es hasta dónde estaba dispuesto a llegar el Gobierno y que los mensajes privados guardados en una plataforma comercial pueden acabar sobre la mesa de un fiscal sin que sus autores lo sepan durante meses.
Fuente: Ars Technica
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